Idilio Méndez Grimaldi (*)
Quienes
están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una
ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio
y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a
cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la
frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con
campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por
un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado
se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos
graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo
quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a
punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la
derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y
campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los
campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las
transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y
el arrebato de sus tierras y, finalmente, la
instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos
de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder
Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la
semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana
de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las
protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron
esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus
Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón,
como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo
del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por
Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros
de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y
de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión
de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo,
que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su
presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su
uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva
denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre
Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción
y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color.
Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias
empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120
millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de
la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a
seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos
presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la
República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal
Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de
Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición
anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un
supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los
agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la
presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En
esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de
Curuguaty.
